Feminismo indígena, una cuestión de derechos humanos

Las poblaciones indígenas canadienses encuentran su cobertura legal en el Indian Act, que regula la relación entre poderes fácticos colonizadores y poderes locales nativos desde 1876. En dicha ley se recogen los derechos y responsabilidades de aquellos con estatus de “indio” y se regulan sus territorios. Aunque el Indian Act ha sido modificado a lo largo de su historia, no ha logrado paliar las graves desigualdades sexistas que emanan de su fundación. Su continuidad tras siglo y medio de historia ha resultado en diversas controversias, por la herencia de desigualdades estructurales entre indios y blancos, el asilamiento geográfico y los graves problemas sociales que emanan de sus condiciones ciudadanas.

Aunque existen diversos grupos aborígenes en Canadá (First Nations, Métis e Inuits), se les categoriza (tanto académica como legislativamente) como “indios”, “indígenas”, “nativos” o “aborígenes” de forma unificada. Su marginación social, económica y política viene acompañada de la estereotipación racial, la estigmatización social y una discriminación histórica. La falta de asistencia gubernamental y de compromiso por parte de la sociedad hacia la mejora de sus condiciones de vida resultan en altas tasas de pobreza, violencia y suicidio. La población aborigen canadiense comprende un 4% del total de la populación. Las mujeres componen el 51% de ese porcentaje y según cifras oficiales estadísticas de 2011, el 4% de la población femenina canadiense. Las mismas cifras apuntan a que un 54% de mujeres aborígenes con estatus de indias residían fuera de las reservas (cinco puntos más que los hombres). Las brechas de género entre hombres y mujeres indígenas son similares porcentualmente a las relativas a hombres y mujeres canadienses no aborígenes. Mientras que, en comparación con las mujeres canadienses no aborígenes, su esperanza de vida es menor (seis años de diferencia); sus índices de casamiento inferiores (en diecisiete puntos); sus tasas de monoparentalidad son tres veces mayores; tienen mayores dificultades para incorporarse a trabajos remunerados (casi diez puntos porcentuales de diferencia); el abandono escolar es quince puntos mayor (cuando las mujeres aborígenes cuentan con mayores índices de graduado escolar que los hombres indígenas de sus comunidades); las tasas de violencia doméstica, de violencia en general y de alcoholismo superan con creces los índices de las no aborígenes (las mujeres aborígenes suponen el 27% de las víctimas de homicidios en todo Canadá); y un 60% de ellas sufren enfermedades crónicas (frente a la media femenina de 46%).[1]

Por tanto, se puede afirmar que las mujeres aborígenes sufren desigualdades de género con respecto a los hombres de sus comunidades, desigualdades raciales y étnicas en relación a las mujeres “blancas” canadienses y desigualdades de estatus social y desigualdades económicas con relación al conjunto de la ciudadanía. ¿Es viable la lucha por la igualdad de las mujeres indias bajo parámetros feministas?

Orígenes de la desigualdad:

Las fuerzas opresoras que sostienen la desigualdad de las mujeres indias canadienses tienen orígenes colonialistas. Los europeos consideraron a los indios como salvajes incivilizados y sexuales a quienes corregir mediante la cristianización y la restricción geográfica. Las sociedades aborígenes precoloniales se regían por principios igualitarios, donde ambos sexos compartían responsabilidades económicas, rituales y sociales. Se trataba de sistema matrilineales, donde las mujeres eran quienes heredaban la tierra y la identidad comunitaria. Mediante los acuerdos comerciales entre europeos y nativos, los colonizadores se ganaron la confianza de los indios a través de casamientos con mujeres nativas, creando lazos entre ambas comunidades para favorecer la convivencia. La imposición cultural europea vino acompañada de tradiciones heteronormativas y patriarcales hasta que las mujeres nativas (que algunos estudiosos consideran fueron las más reacias a la implantación de colonos en sus tierras) perdieron toda su autonomía, incapaces ya de defender posiciones políticas y de poder dentro de las tribus. Los colonos se encargaron de hipersexualizar y objetivar a las “salvajes”, quienes culturalmente no se regían bajo los principios de pureza cristiana en comparación con las blancas europeas. Los cuerpos de las mujeres se convirtieron en una metáfora para transmitir riqueza y abundante tierra que conquistar como “tierra virgen” (Phillips, 2007). Cuerpo y tierra expuestos a posesión, consumo y explotación por parte de los hombres europeos.

La dominación y la subordinación dio paso a una desigualdad originada de la lógica capitalista, donde los roles de género dividen los espacios de actuación y de trabajo. Las mujeres evolucionan de culturas tradicionales que honraban su sexualidad y su capacidad reproductiva, en las que se celebraban rituales con la llegada de la menstruación y los nacimientos, hacia sociedades que explotan su condición reproductora. La domesticidad y la función de madre como única en la comunidad fue ganando adeptos hasta que la menstruación y la sexualidad femenina se enmarcó culturalmente dentro de los límites de lo pecaminoso. La cristianización comenzó en las escuelas, degradando después las normativas y disciplinas locales. Las madres se moralizaron dentro de un marco heteronormativo y naturalizando dicha condición. El rol social de los hombres pierde también su uso para la supervivencia, que resulta obsoleto bajo reglas capitalistas, produciendo un impacto histórico en la dependencia que estas comunidades mantienen respecto a las políticas sociales estatales y provinciales.

Por tanto, la discriminación sexual encuentra su origen en ese colonialismo racista, que permitió la institucionalización de la violencia hacia seres considerados inferiores, pensamiento que dura hasta nuestros días.[2] La estereotipación moderna ha heredado la concepción de hombres nativos como abusadores y el de mujeres indígenas víctimas de violencias estructurales. El colonialismo se asentó en la opresión de un grupo frente a otro, comenzando un proceso de distinción de “los otros” y dividiendo la sociedad en dos categorías: la de los europeos blancos y cristianos de conciencia patriarcal frente a los indios salvajes a quienes había que moralizar. Poco a poco, la identidad cultural y los estatus tradicionales de género dentro de las comunidades aborígenes fueron desapareciendo hasta el control total de los colonizadores sobre los derechos legales y los privilegios dentro y fuera de tierras indias gracias a la implementación del Indian Act de 1876, cuya severidad para las mujeres causó consecuencias que las discrimina hasta nuestros días.

Las políticas opresoras del Indian Act terminaron con el sistema matrilineal. A partir de entonces, las mujeres no tendrían derechos sobre la tierra, ni sus descendientes heredarían su apellido identitario. Las nativas que se casaran fuera de su tribu perderían su estatus dentro de ella, tanto si era para contraer nupcias con un indio de otra tribu o con un colono blanco. Serían expulsadas de sus comunidades, perderían su legado ancestral, todas sus tierras (en caso de tenerlas) y quedarían privadas de sus derechos, incluso a razón de posterior divorcio o viudez. Por el contrario, si un hombre indígena se casaba con una mujer externa a la tribu o incluso blanca, ella heredaba su estatus y sus hijos su legado, incluso tras divorcio o muerte. Entre 1876 y 1985, más de veinticinco mil mujeres (sin contar el extenso número de sus descendientes) perdieron su estatus de indias, siendo expulsadas de sus comunidades (Bourassa, McKay-McNabb & Mary Hampton, 2005). En 1985, el Indian Act se modificó mediante el Bill C-31 terminando con esa diferenciación sexista, aunque no con el problema en su totalidad. Desde entonces, más de cien mil personas han recuperado su estatus de indígena, aunque con la limitación de no poder legarlo a sus descendientes. Además, los indios “reinsertados” no lograron recuperar ni el derecho a voto dentro de sus comunidades, ni el respeto social como iguales.

El genocidio colonizador se transformó en legislación para controlar la identidad aborigen, abandonando a las poblaciones nativas bajo sistemas de desventaja en lo económico, lo social y lo político, así como bajo dependencia de una soberanía impuesta desde el exterior. Las implicaciones que persisten tienen que ver con derechos ciudadanos y con graves secuelas para la salud de comunidades aisladas e ignoradas por el gobierno canadiense durante más de un siglo. La ley que regula el estatus y los territorios indígenas lanza el mensaje de que las mujeres son inferiores, ya que tienen menos derechos que los hombres (McMahon, 2017). Los roles espirituales de las mujeres en las sociedades precoloniales, quienes disfrutaban de plena igualdad, se estigmatizan como libertinaje y se las pone bajo el control moral y sexual de los hombres, de quienes depende su estatus. La consideración de que no son suficientemente civilizados para la vida política y económica impuesta por los colonos los segrega y los abandona bajo programas asistenciales, a través de los cuales se dogmatiza y cristianiza la educación y la vida pública. Los certificados de posesión de tierra son entregados por hombres miembros de la tribu a hombres miembros de la tribu. Las mujeres no tienen palabra respecto a la venta de la propiedad en la que residen con sus hijos, viéndose forzadas a la miseria y a quedarse sin hogar si el marido decide unilateralmente vender la casa. Tampoco obtienen dinero de ese intercambio, lo que tiene graves consecuencias en casos de violencia doméstica, ya que existe un reducido número de casas disponibles dentro de las reservas y ninguna protección hacia las mujeres que huyen. Las leyes provinciales de violencia doméstica (al igual que el resto de normativas) no aplican dentro de las reservas, donde solo tiene vigencia el Indian Act. Hasta 2014 el gobierno central no puso en práctica una ley que protegiese los derechos de las familias víctimas de violencia dentro de las reservas, aunque ha sido duramente criticado por insuficiente, al no venir acompañado de presupuestos que permitan la apertura de centros de acogida. Una vez la mujer abandona la reserva, sea por huir de la violencia como por cualquier otro motivo, pierde sus derechos a volver siquiera de visita o a ser enterrada con sus ancestros.

La esterilización de mujeres y hombres indígenas como forma de controlar el crecimiento poblacional por parte de la administración canadiense permaneció en efecto en la provincia de Alberta hasta 1972 y en British Columbia hasta 1973. Sin embargo, no ha habido consecuencias al respecto para las administraciones al cargo de ese genocidio.

Por otro lado, las escuelas-internado cristianas sirvieron para el abuso sexual sistemático de niños y niñas, permitiendo la implantación de círculos viciosos de violencia contra la infancia de generación en generación. Las mujeres nativas sufren la violencia hasta tres veces más que el resto de las mujeres canadienses y tienen hasta seis veces más posibilidades de ser asesinadas. La estigmatización colonizadora que coloca a las mujeres indias como salvajes sexuales persiste hasta nuestros días, permitiendo que en juicios de violencia sexual contra ellas se tenga en cuenta su reputación sexual y sus pasadas relaciones para analizar el consentimiento en un caso de abuso. Tampoco la policía protege sus intereses, ya que dentro de las reservas no tienen autoridad y fuera de ellas, constituyen parte de las fuerzas opresoras y abusivas. Los pocos casos en los que se condena a un abusador dentro de una tribu en ir a la cárcel no tienen en cuenta la protección de la mujer, que permanece en la reserva con la dramática probabilidad de que su abusador la encuentre y asesine a los pocos meses, una vez en libertad. Mientras que los hombres suelen abandonar las reservas con motivo de la búsqueda de mejores empleos, las mujeres lo suelen hacer huyendo de la violencia o al quedarse sin hogar como consecuencia de un divorcio o de viudedad.

Otra de las problemáticas que causan la desigualdad tiene que ver con la criminalización de las situaciones de pobreza y desesperación a las que ven abocadas las mujeres que son expulsadas de sus comunidades. La escasez de centros de acogida canadienses para personas sin hogar las empuja a vivir en la calle con sus hijos, a caer en redes de prostitución (nuevas cepas de violencia) y a perder la custodia de sus hijos, a los que el sistema entrega a familias de adopción, perdiendo sus raíces, lengua e identidad nativa. Cabe mencionar también, que los nacimientos causados por situaciones de violencia sexual (ya que las clínicas abortivas son de pago y se encuentran exclusivamente en los grandes centros urbanos) provocan la pérdida de estatus de indio del bebé, quien no puede acogerse a la pertenencia de una tribu sin el reconocimiento paterno. Estos desplazamientos de mujeres y el prolongado sufrimiento social han sido calificado como “dislocación” (Alexander, 2009) y justifica que las mujeres se abandonen a la drogadicción como resultado de su incapacidad para encontrar empleo, casa, ayuda social, derechos ciudadanos como el voto y la pérdida de sus hijos. Las consecuencias de esta criminalización son los arrestos y la masificación de población indígena en las cárceles de mujeres canadienses.

Las fuerzas opresoras se intercalan mediante una discriminación Interseccional que comenzó con el colonialismo y la supremacía blanca y se implantó gracias al patriarcado y al capitalismo (Price, 2017). Se podría considerar que las mujeres blancas son parte de esa opresión, habiéndolas excluido también de los reclamos feministas clásicos.

La lucha por la igualdad:

El “feminismo populista blanco” de la primera ola clamaba representar a todas las mujeres (Thompson, 2017), pero la problemática de unificación teórica y práctica de los diferentes grupos de mujeres produjo la exclusión y el discurso racista de ciertos colectivos como las mujeres negras y las indias. El feminismo blanco ignoró la experiencia genocida del colonialismo europeo. Las diferencias culturales y los orígenes coloniales de las problemáticas tampoco serían desarrollados con la segunda ola. Los debates en torno al pro-choice / pro-life en Norteamérica de los años sesenta se olvidó de introducir la esterilización de las mujeres nativas que todavía tenía lugar en ciertas provincias canadienses. La salud pública de las mujeres se defendió desde una identidad cuyo origen residía en el genocidio. Tampoco se puso sobre la mesa la excesiva patologización de las indias, quienes no requerían diagnóstico de enfermedad mental para ser recluidas, bastando la consideración de “incapaces mentales” (Phillips, 2007).

El feminismo academicista se consideró como aquel de las privilegiadas, dando lugar a los feminismos aborígenes centrados en la descolonización. Este feminismo indígena pretende restaurar la identidad y despertar la espiritualidad tradicional de los aborígenes precoloniales. Para ello, se ha producido un esfuerzo por distinguir entre lo precolonial y lo postcolonial, aspirando a restaurar la identidad cultural robada. El reconocimiento de la ideología colonizadora es el primer paso para la reconquista del sistema de valores tradicional indígena en su lucha por la independencia económica, la implantación de roles de género igualitarios, la autodeterminación y la soberanía de las comunidades nativas. Sin embargo, el feminismo no es visto con buenos ojos por parte de las comunidades indígenas, quienes lo consideran una herramienta de separación entre las metas de hombres y mujeres contra un enemigo que debería ser común: el hombre blanco[3]. Las metas que el feminismo debe incorporar para ganar legitimidad exceden la lucha por la igualdad: derechos de propiedad y tierra, descolonización de la sexualidad femenina, apropiación de una identidad tradicional indígena, justicia en las relaciones entre los géneros y la lucha contra la violencia hacia las mujeres nativas. El feminismo aborigen busca reconocimiento y no asimilación ni integración al sistema canadiense.

Son pocas las mujeres indígenas que se identifican como feministas para evitar confrontaciones con sus líderes comunitarios o por considerar que la lucha feminista debe ser secundaria a aquella de la igualdad entre nativos y blancos (Green, 2007). La argumentación de que se debe elegir entre asegurar los derechos de las mujeres nativas y la soberanía del pueblo aborigen se ha instaurado en las mentalidades de tal manera que sirve para perpetuar el desempoderamiento y la privación de derechos de las mujeres aborígenes.

Conclusiones:

El empoderamiento de las mujeres aborígenes pasa por revisar la cultura pre-patriarcal, pre-colonialista y pre-capitalista. No basta con extender los derechos de libertad, igualdad y participación ni con castigar institucionalmente la discriminación. Hay que alterar los roles económicos y sociales de las mujeres indias dentro de las reservas y en los centros urbanos. Hay que empoderar las relaciones de género basadas en tradiciones y costumbres originarias de la ocupación de territorios indios (Barker, 2006).

Esto no será posible hasta que los derechos de los indígenas no sean considerados dentro de la legislación de derechos humanos. Para ello, se debe modificar la cláusula (sección 67) del Canadian Human Rights Act (1977) que excluye a los aborígenes de su protección, refiriéndoles al Indian Act, que no recoge las violaciones de derechos humanos hacia las mujeres[4].

La problemática de las mujeres aborígenes canadienses no puede equipararse a la de otras minorías, ni ser representada por el feminismo actual (ni siquiera por el “feminismo postcolonial”) puesto que la base de partida es la falta de reconocimiento y protección de sus derechos humanos.


[1] O’Donnell Vivian & Wallace, Susan (2011); First Nations, Métis and Inuit Women; Statistics Canada; Catalogue no. 89-503-X.

[2] Roundtable Report (2000); Aboriginal Women’s Roundtable on Gender Equality; Status of Women Canada; Government of Canada Publications.

[3] Roundtable Report (2000); Aboriginal Women’s Roundtable on Gender Equality; Status of Women Canada; Government of Canada Publications.

[4] ONWA Position Paper (2011); Contemporary Issues Facing Aboriginal Women in Ontario.

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