Igualdad de Género en América Latina

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe realizó un informe en abril de 2017 que analizaba los diferentes planes de igualdad de género desarrollados en los distintos estados latinoamericanos y caribeños. En dicho estudio se hablaba de la “autonomía” de la mujer como objetivo indispensable en pos del desarrollo. De hecho, la voluntad que esconden todos los avances en materia de igualdad en estos territorios proviene, en su origen, de las políticas desarrollistas y de las hojas de ruta proveídas desde los organismos internacionales, entre ellos la CEDAW. Los planes de igualdad parten de la deliberación social en la mayoría de los casos. La igualdad se entiende como titularidad de derechos en su etapa más básica, puesto que sin la igualdad jurídica o formal no se puede dar un paso más allá hacia una igualdad real. Esa autonomía femenina tiene tres vertientes:

  • En primer lugar, la libre toma de decisiones o la libre elección, autonomía relacionada con los mecanismos institucionales, la participación y las esferas de poder público y privado.
  • En segundo lugar, la autonomía física, es decir, la relacionada con los objetivos de eliminación de violencia contra las mujeres y de protección de la salud y de la salud sexual y reproductiva.
  • Y, por último, la autonomía económica que busca la superación de la pobreza femenina y la corresponsabilidad social.

En una primera etapa desarrollista en América Latina se alcanzó (aunque no de manera homogénea en todos los países de la zona) una igualdad formal. Se defendía la igualdad de oportunidades y de trato, así como el igual acceso a la educación, el empleo, los servicios de salud y la participación política. Sin embargo, tal como señala este estudio, el logro de la igualdad formal no supuso el alcance de una igualdad sustantiva, puesto que el punto de partida entre hombres y mujeres seguía suponiendo una desventaja para el sexo femenino. Por ello, una segunda fase de políticas públicas latinoamericanas se enfocó en la acción positiva, instaurando cuotas electorales para la igual representatividad de mujeres y hombres, así como incentivos económicos y tributarios, sobre todo para fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y así dar respuesta a los planes desarrollistas puestos en marcha mediante el incremento de la productividad. En cambio, con estas medidas, la esfera privada apenas se vio afectada. Una vez conquistado el espacio público, se hizo necesario dar el paso hacia una fase de transversalización de la perspectiva de género que empapara todas las políticas públicas y medidas institucionales de una comprensión integradora de la igualdad. Con este objetivo, se produce un fortalecimiento de la cooperación institucional y una descentralización de las políticas por la igualdad, que ya no parten de una lógica de mera antidiscriminación, y que pretenden incorporar las diversas voces que provienen de la participación ciudadana para lograr la interseccionalidad de la aplicación de las medidas.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México convocó un foro de consulta para la elaboración del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) vigente entre 2013-2018. Además de los 600 participantes de la sociedad civil (hombres y mujeres) que se reunieron en la Ciudad de México, otras 691 propuestas fueron atendidas a través del foro virtual que permitió la participación desde otros puntos de la República. La participación ciudadana en la creación del plan de igualdad permite una mayor visibilidad, seguimiento (y accountability) e incorporación de nuevas perspectivas. Por vez primera, el gobierno de la República incorporó el eje transversal en su programación estratégica. El texto reza: en todas “las dependencias de la Administración Pública Federal estarán explícitas la perspectiva de género y las acciones afirmativas”. La transversalidad se entiende aquí como un “método” de gestión pública para mejorar la planeación coordinada de todos los organismos, lo cual permite cambiar el enfoque y reconocer las diferencias y las brechas de género en todos los ámbitos de intervención social.

El Instituto Nacional de la Mujer en Honduras es la institución rectora encargada del seguimiento de la agenda política diseñada en el II Plan de Igualdad y Equidad de Género (2010-2022). Al igual que en México, el plan se produjo en colaboración con la sociedad civil y grupos feministas a través de cuatro encuentros regionales y con catorce mesas de diálogo, entre las que se encontraban representantes de grupos minoritarios (indígenas, afrodescendientes, convictas, enfermas de VIH, etc.) Los temas de intervención se dirigen a cinco campos: violencia contra la mujer, salud, educación, economía y desarrollo sostenible. Se menciona la necesidad de “transversalizar el enfoque de igualdad y de equidad de género” en los sistemas de cooperación del gasto público en materia de igualdad. Existe un esfuerzo patente por responsabilizar de la ejecución de las medidas incorporadas en la agenda a centros universitarios, poder legislativo y judicial, secretarías de estado, ministerios, medios de comunicación, oficinas municipales de la mujer, etc.

Con el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (2011-2020) de Chile nace un nuevo periodo en las políticas públicas “encaminado a lograr avances definitivos en la eliminación de las brechas de género”. El Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) trabaja para coordinar las diferentes políticas públicas a nivel nacional y regional con los objetivos de eliminar la discriminación contra las mujeres y reducir las brechas entre mujeres, prestando atención a la diversidad y las minorías. Como uno de sus ejes se adopta no solo la intervención de la mujer en el ámbito público sino también la “de los varones en el ámbito privado”. La transversalidad se menciona como una meta del decenio, dentro de los ejes estratégicos, a través de la cual desarrollar políticas públicas coordinadas en pos de la igualdad. Sus ejes estratégicos se dirigen a reforzar la institucionalidad mediante programas y políticas públicas de intervención, favorecer la participación y representatividad de las mujeres en la esfera pública, fomentar la corresponsabilidad familiar y el igual acceso a oportunidades laborales, luchar contra la violencia intrafamiliar y proteger la salud de las mujeres.

El gender mainstreaming está presente en la conceptualización de los tres planes mencionados. Sin embargo, en el caso de México está más entendido como una técnica que como la voluntad de acabar con las opresiones. El discurso no alberga la necesidad de un cambio de mentalidad, ni las estrategias plantean la sensibilización social o la incorporación de especialistas en materia de Género en los distintos ámbitos sociales. En el caso de Honduras, es cierto que la transversalidad se trasluce en la acción política diseñada como intervención en todas las áreas, pero cabe señalar que es el Instituto Nacional de la Mujer el principal gestor y coordinador de estas medidas. Cabe pensar que las metas están relacionadas directamente con “asuntos femeninos” y que hay ámbitos que no se verán afectados por el cambio de paradigma. No son más que políticas de “apoyo” a la mujer que dejan de lado la razón de su desigualdad. Por último, el plan chileno utiliza un lenguaje más conciliador con esa nueva perspectiva de género que requiere protagonismo para ser una fuerza transformadora. En este plan se habla de nuevos modelos de masculinidad necesarios para alcanzar la igualdad.

La interseccionalidad continúa siendo un reto. Aunque en la participación para la elaboración de los planes se celebre la diversidad, lo cierto es que en el contenido de estos la diversidad aparece referida exclusivamente en ámbitos de discriminación clara donde las estadísticas prueban que hay colectivos de mujeres más vulnerables que otros. Hablamos de las políticas de violencia, de trata, de condiciones rurales y de pobreza. Sin embargo, no se conciben las múltiples discriminaciones en políticas de salud, de educación o de inserción laboral. Se sigue homogeneizando el colectivo de mujeres bajo la lógica generadora de equidad sin partir de las diferencias y las distintas opresiones o relaciones de poder intrínsecas.

El concepto de igualdad de cada plan parte de una igualdad formal “conquistada” (o asumida como tal). La igualdad de oportunidades y de trato está vigente en los tres planes ya que aspiran a desarrollar el potencial individual de las mujeres mediante la observancia de políticas de acción positiva que contribuyan con el equilibrio de las desventajas. México cuenta con paridad en las listas, en las que además hay cuotas para las mujeres indígenas. Honduras aumentó del cuarenta al cincuenta por ciento en 2016 la distribución de las listas entre sexos, igualando la acción afirmativa puesta en marcha por Chile. La igualdad efectiva depende no solo de lo que recen los planes sino de su gestión y seguimiento. La perspectiva de género de base que se utiliza en la conceptualización de los planes parece encaminar hacia la igualdad efectiva. Sin embargo, el proceso de cambio de concepto en las políticas públicas, el priorizar la igualdad en la agenda política, la inclusión de expertos en Género y el empoderamiento de las mujeres no es algo que se vaya a lograr de un plan para otro. Es la perseverancia del mensaje sobre priorizar la igualdad desde todos los ámbitos la que permitirá lograr la igualdad real.

A modo de comparativa, si tomamos las estrategias de conciliación de cada plan vemos que los puntos de atención son diferentes. En el plan mexicano se trata con intensidad el tiempo dedicado al trabajo por parte de las mujeres. Es el tiempo que ocupan las labores no remuneradas el que impide la autonomía de las mujeres, de modo que se justifica la necesidad de una infraestructura social del cuidado. En cambio, apenas se hace referencia a las responsabilidades masculinas en la esfera privada y no se proponen medidas de educación social al respecto. En el caso de Honduras, se menciona levemente en su política quinta más como un objetivo a desarrollar espacios públicos del cuidado y legislación que proteja la vulnerabilidad de las mujeres con dependientes a su cargo, pero en ningún caso se menciona a los hombres, ni a sus obligaciones específicas. El caso chileno es el más extenso en esta materia. Se parte de la base de que, a mayores tasas de corresponsabilidad mayores tasas de natalidad, impidiendo el envejecimiento poblacional. Se entiende que manteniendo un alto porcentaje de población activa será más fácil cumplir con los objetivos propuestos de crear una red pública de apoyo a la dependencia, al cuidado y a la protección de la maternidad. Se proclama que los hombres participen de las labores de la esfera privada y que “aspiren a ser valorados no sólo por su capacidad de proveer y mandar, sino por su capacidad de educar a las nuevas generaciones”.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s